miércoles, 04 febrero, 2026
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CCOO denuncia la sobrecarga de trabajo en los juzgados jienenses: “las buenas intenciones no son suficiente”
Un año más se vuelve a desatender judicialmente a la provincia de Jaén, tanto por el TSJ-A como por la Consejería de Justicia. Mientras tanto, este año continúa el colapso judicial en los juzgados jiennenses. La sección sindical de Justicia de CCOO de Jaén, como viene haciendo desde el año 2014, ha presentado hoy un estudio de la carga de trabajo de los distintos órganos judiciales de la provincia de Jaén, basado en los datos que se encuentran en la memoria anual de actividades del año 2023 que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía realiza cada año.
En su memoria, en el apartado de “necesidades judiciales”, podemos observar como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) olvida muchas de las necesidades urgentes que se deducen de los datos que ellos mismos facilitan en su Informe. Por ejemplo, la carga de entrada de asuntos de los Juzgados de Mixtos de la Provincia de Jaén que se desprende de la memoria del TSJA (Andújar 182%, Baeza 157%, La Carolina 167%, Linares 170%, Martos 164%, Úbeda 157% y Villacarrillo 153%) es tan elevada que justificaría, por si misma, la solicitud de la creación URGENTE de órganos judiciales mixtos en esas mismas Sedes, ya que de forma reiterada, año tras año, se vuelven a superar con creces los límites de carga de trabajo que impone el Consejo General del Poder Judicial.
La infraestructura judicial en Jaén no avanza con la rapidez necesaria tras años de ser ignorada por parte de la Administración. La ciudad de la Justicia en Jaén por fin ha superado los estudios de viabilidad y ahora se quiere encontrar inversores privados (así desde 2020, aunque se acaba de anunciar que se licitará a finales de año y que a finales de 2025 se adjudicará). Son buenas intenciones pero se están dando pasos muy lentos que no permite visualizar un proyecto a corto plazo y lo que es aún peor, asumir este proyecto hace que se paralicen inversiones aprobadas que hubiesen aliviado a muy corto plazo la problemática de falta de espacio que soportan los juzgados de Jaén (por ejemplo, edificio 1ª Instancia 4, desocupado en un 80%). Llevamos 22 años esperándola, y por desgracia, tenemos ganado el beneficio de la duda ante su “inminente” ejecución.
En la localidad de Villacarrillo, existe un proyecto aprobado desde hace varios años y que sigue sin ejecutar. A día de hoy, sigue ubicado encima del mercado de abastos con los inconvenientes que esto supone.
Por tanto, y ante este colapso judicial acumulado, hemos solicitado la creación de nuevos juzgados en la provincia (1 juzgado penal y un 1ª Instancia en Jaén, nuevos juzgados mixtos en Andújar, Baeza, La Carolina, Linares, Martos, Úbeda y Villacarrillo); la reforma urgente sede judicial de Villacarrillo; la unificación de las sedes de Úbeda y de Linares; la separación de jurisdicciones en Linares; una plaza de magistrado en la sección civil de la Audiencia Provincial; la creación de un Servicio Común de Ejecutorias penales, un Servicio de Información y atención ciudadana y reiterar la necesaria construcción de la Ciudad de la Justicia de Jaén. Recuperación planes de autorefuerzo (planes de tardes voluntarios) y planes de refuerzo en sedes judiciales que superen el 100% de carga de trabajo hasta que se creen los órganos judiciales solicitados.
En su memoria, en el apartado de “necesidades judiciales”, podemos observar como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) olvida muchas de las necesidades urgentes que se deducen de los datos que ellos mismos facilitan en su Informe. Por ejemplo, la carga de entrada de asuntos de los Juzgados de Mixtos de la Provincia de Jaén que se desprende de la memoria del TSJA (Andújar 182%, Baeza 157%, La Carolina 167%, Linares 170%, Martos 164%, Úbeda 157% y Villacarrillo 153%) es tan elevada que justificaría, por si misma, la solicitud de la creación URGENTE de órganos judiciales mixtos en esas mismas Sedes, ya que de forma reiterada, año tras año, se vuelven a superar con creces los límites de carga de trabajo que impone el Consejo General del Poder Judicial.
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